SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La conselleira de Sanidade de la Xunta de Galicia, Pilar Farjas, ha defendido que la asesoría jurídica de la Xunta es la que tiene que hacer "la valoración jurídica" de las leyes y órdenes de decreto del departamento que dirige y, en el caso del requisito de seis meses de empadronamiento para entregar la tarjeta sanitaria a inmigrantes, ha remarcado que está avalado por estos servicios.
Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras participar en una reunión con el alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, y preguntada por esta advertencia realizada por el Consello Económico e Social (CES), que habla de que podría ser ilegal, Farjas ha incidido en que esta medida --recogida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Galicia para 2008, aún por aprobar de forma definitiva en la Cámara autonómica-- cuenta con los "informes preceptivos" de la asesoría jurídica.
De esta manera, ha hecho hincapié en que "todas las iniciativas" que lleva a cabo la Xunta "son legales", y ha querido "poner encima de la mesa" la "garantía de excelencia" de los servicios jurídicos de la Xunta y del Parlamento, "como quedó muy bien demostrado, en el debate y la justificación" de la ley que regula el catálogo de medicamentos cuando el Gobierno central la recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC).
Así las cosas, Pilar Farjas ha subrayado que la consellería "seguirá trabajando a favor de las prestaciones de los ciudadanos, seguirá trabajando para luchar contra el fraude y seguirá exigiendo la responsabilidad a todos en los servicios sanitarios". "Ésa es nuestra tarea y en eso estamos trabajando", ha agregado.
Además, la titular de la Administración sanitaria ha incidido en que la sanidad gallega es "pública, universal, gratuita y de calidad" y se prestan los servicios "de acuerdo" con las leyes vigentes y los acuerdos y convenios de atención. "Los gallegos, españoles, extranjero..., todos reciben asistencia en el marco legal que establecen los convenios", ha sentenciado.
