MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El 'Colectivo de afectados por el INSS' se han concentrado este jueves a las puertas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, coincidiendo con la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), para solicitar tanto a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, como a los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas, que se les atienda en el Sistema Nacional de Salud (SNS) por ser familiares de ciudadanos nacionalizados en España.
De hecho, tal y como han recordado en declaraciones a Europa Press, ya hay más de 40 sentencias que les han dado la razón en, al menos, ocho comunidades autónomas. Sin embargo, y pese a que los jueces han "obligado" al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reconocer el derecho de este colectivo a recibir asistencia sanitaria, "ni el Ministerio de Sanidad, ni el INSS" han emitido una normativa que se adapte a lo dicho en los tribunales.
"Soy de México, tengo cáncer pero no tengo sanidad, a pesar de que tengo tarjeta de residencia, un hijo nacionalizado en España pero no tengo ni medicinas. He preguntado ya a las autoridades pero me dicen que no tengo derecho", ha comentado a Europa Press uno de los más de 80 afectados que hay en España.
Desde el año 2015, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha denegado 696 solicitudes de asistencia sanitaria a familiares nacionalizados en España. En concreto, en el año 2015 se produjeron 319 denegaciones, cifra que ha ido reduciéndose año tras año, situándose en 164 en el año 2016, 157 en el año 2107 y 56 a fecha del 23 de julio de 2018.
Según fuentes del INSS consultadas por Europa Press, estas denegaciones se han producido por el hecho de que ser ascendiente de un titular del derecho a asistencia sanitaria "no otorga" el derecho a la cobertura. Además, aluden al Real Decreto 240/2007 sobre estancia y residencia en España de ciudadanos comunitarios, en el que se señala que a partir de los tres meses de estancia en España es necesario y preceptivo la inscripción en el Registro Central de Extranjería para formalizar la residencia temporal en España y, para ello, es preceptivo que el interesado disponga de recursos y de un seguro de enfermedad que le cubra "íntegramente" tanto a él como a su familia.
No obstante, el pasado mes de julio el Gobierno respondió a una carta remitida por la portavoz del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea en el Senado, Concepción Palencia García, en la que le aseguraba que el Real Decreto 7/2108 mejorará el reconocimiento del derecho a las personas residentes en España.
"Recientemente se ha aprobado el Real Decreto 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. La citada norma establece que el reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud y la atención con cargo a fondos públicos corresponderá al Ministerio de Sanidad. Por otro algo, este real decreto modifica y deroga distintas leyes reguladoras de la asistencia sanitaria, lo que permitirá un mejor reconocimiento del derecho a las personas residentes en España", señala la respuesta ofrecida a la 'formación morada' por parte de la directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, María José Tarrero Martos.
