La FADSP pide que la sanidad privada no tenga acceso libre al registro de atención sanitaria especializada

Actualizado: viernes, 20 febrero 2015 10:05


MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) pide al Ministerio de Sanidad que el nuevo registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada sea "transparente" e impida la desprotección de los datos clínicos y el acceso libre a empresas y aseguradoras privadas.

Tras publicar el Real Decreto 69/2015 que regulará esta herramienta, esta entidad ha recordado al Ministerio que "no debe estar pensado para competir sino para evaluar" e incrementar la calidad de los servicios sanitarios de todas las comunidades y, con ello, los resultados en salud de la población.

Para ello, la FADSP considera que debe ser "transparente, participativo y de gestión pública", de modo que los hospitales concertados "únicamente" puedan acceder a la información necesaria para la atención de cada paciente, con su consentimiento previo.

El registro sustituirá al actual Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) que aglutina los datos administrativos y clínicos de la Asistencia Especializada, al que achacaban que "adolece de graves carencias a la hora de valorar la calidad de la asistencia".

El nuevo, según admiten, permitirá registrar los nuevos procedimientos que se han ido implantando como la cirugía mayor ambulatoria y la actividad desarrollada en hospitalización a domicilio y centros de día, pero temen que también conlleve la "desprotección y la posible utilización desleal" de los datos genéticos y clínicos de la población española, de acceso "cada vez más libre" a las aseguradoras privadas.

"La implantación de un único sistema de información para centros públicos y privados sirve para facilitar la facturación intercentros y la comparación y competencia entre los mismos dentro del mercado sanitario, con graves consecuencias para el SNS", han reconocido.

Además, advierten de que puede acabar transformándose en una nueva herramienta "privatizadora y demonizadora" del sistema sanitario público, "sin que por otro lado sirva para conocer los efectos adversos de nuestras actuaciones para seleccionar las mejores prácticas y potenciar la docencia y la investigación".