MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha abogado por cambiar el actual sistema de patentes de fármacos y por modificar el acuerdo del Gobierno con la patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, para controlar el "disparado" gasto farmacéutico.
Así lo han señalado tras la celebración de la jornada 'Gasto farmacéutico y calidad asistencial', en la que expertos, profesionales, ciudadanos, políticos y gestores sanitarios han debatido cómo reducir el gasto farmacéutico sin comprometer la calidad asistencial del sistema sanitario. Para ello, basándose en las conclusiones de este evento, elaborarán una propuesta política basada en experiencias autonómicas e internacionales.
"El gasto farmacéutico y en tecnologías sanitarias sigue incrementándose (especialmente el de la farmacia hospitalaria) de una manera no proporcional a la salud producida, y está poniendo en grave riesgo no solo la sostenibilidad económica del sistema público de salud sino también la seguridad de los enfermos", aseguran desde FADSP como punto de partida de la jornada.
Como razones de este alto gasto que critican, culpan en primer lugar a "un modelo de innovación biomédica basado en las patentes, contrario a la sostenibilidad, la cooperación y la ciencia independiente". Así, detallan que son responsables "la hegemonía de la financiación privada, el monopolio comercial y las estrategias de extensión de patentes (evergreening), la investigación en cerrado, el marketing como instrumento de ventas (en lugar de que sean las ventajas objetivas de los productos) y la necesidad de retornos en el corto plazo (que favorecen estrategias especulativas, agresivas conspiraciones y acuerdos en la sombra y una elevada prevalencia de delitos corporativos)".
Por todo ello, reclaman cambiar el sistema de patentes y premiar la innovación con sistemas "más alineados con los intereses públicos tiene en la actualidad un ámbito de decisión global". Otras propuestas son "mejorar las garantías de las agencias reguladoras de los productos farmacéuticos y de tecnologías, e incrementar la transparencia de los ensayos clínicos y los procesos de evaluación y fijación de precios de los nuevos medicamentos".
También solicitan limitar los posibles conflictos de interés que afecten a sociedades científicas y asociaciones de pacientes, instituciones sanitarias y líderes profesionales, que "participan en el diseño de estrategias de salud pública, comisiones de farmacia y evaluación de tecnologías y grupos de trabajo y asesoramiento de los sistemas nacional y autonómicos de salud".
Por último, en cuanto a la gestión del gasto farmacéutico, califican como "muy negativo" el acuerdo de sostenibilidad suscrito entre el Gobierno y Farmaindustria, porque a su juicio "obliga a un crecimiento de este en relación con el PIB, mientras los presupuestos sanitarios no lo hacen en igual medida". "Además, se incumple en tanto en cuanto el gasto supera la tasa de crecimiento del PIB real de la economía española y, sin embargo, no se están produciendo las compensaciones monetarias correspondientes al exceso de crecimiento sobre el PIB real", lamentan.
"En la actualidad la falta de políticas claras, junto con la ausencia de control, está dejando el terreno libre a las empresas farmacéuticas y de tecnologías para influir en los distintos ámbitos de decisión que gobiernan el conocimiento de las organizaciones y determinan las decisiones de los profesionales dentro de los sistemas autonómicos de salud. Sin sistemas sanitarios públicos libres de la contaminación de la industria, no es posible reducir el gasto farmacéutico", concluyen.
