VALLADOLID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga al Estado a reembolsar a la Junta de Castilla y León más de 53 millones de euros por los gastos pendientes del traspaso sanitario, a los que hay que sumar los intereses de demora, según informó hoy el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
No obstante, contra esta resolución del alto tribunal madrileño cabe la presentación de un recurso de casación en el plazo de 10 días ante el Tribunal Supremo.
Según explicó el consejero de la Presidencia, se trata de un conflicto que se inició en el año 2005 por los gastos de farmacia del mes de diciembre, antes de la transferencia de la Sanidad a Castilla y León, que el Estado pretendía que corriesen a cargo del Gobierno autonómico, que recurrió.
El consejero precisó que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima de manera parcial los argumentos aportados por la Junta en su recurso "y concluye que la obligación de pago resulta exigible desde el momento mismo en que se cumple la prestación, aunque su acreditación, un acto formal e interno para la Administración, resulte posterior".
En concreto, los gastos a los que hizo frente el Gobierno de Castilla y León se dividen en tres grandes grupos: gastos de personal; suministros, servicios y conciertos, y, en tercer lugar, los gastos de farmacia.
En el primero, el de los gastos relacionados con el pago de nóminas y conceptos similares, la sentencia los enmarca en el año 2001, ejercicio durante el que los trabajadores estuvieron vinculados al Insalud o a su sucesor, el Ingesa, "que es, en consecuencia, el que debe hacerse cargo". Por este concepto, se ingresarán 8.197.000 euros.
En cuanto a los suministros, servicios y conciertos de asistencia sanitaria, la decisión del alto tribunal madrileño reconoce que corresponden a un periodo de tiempo anterior al 31 de diciembre de 2001, con independencia de que el pago efectivo tuviera lugar después. La cantidad en este apartado suma 9.640.000 euros.
Por último y según la información facilitada por la Consejería de la Presidencia, los gastos de farmacia del mes de diciembre de 2001, representan la cuantía más importante, 35.610.000 euros. La sentencia apunta a que se trata de "compromisos de gastos adquiridos de conformidad con lo previsto en el ordenamiento" y, por lo tanto, contaban con una determinada previsión presupuestaria en las cuentas del Estado.
CAMBIO DE CRITERIO
Para la Consejería de la Presidencia, todas estas argumentaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid avalan las tesis defendidas por los Servicios Jurídicos de la Junta y reconoce la obligación de que el Estado reintegre a las arcas de la Comunidad un total de 53.447.000 euros. Sólo quedan fuera algunas partidas en materia de obras por proyectos modificados o de obras por inversiones reales.
La Consejería de la Presidencia destacó que la sentencia supone un cambio de criterio respecto a otras similares emitidas en el pasado ante reclamaciones promovidas por las comunidades de Asturias y Extremadura e insistió en que puede ser recurrida en el plazo de diez días ante el Supremo.
Desde el respeto a todas las resoluciones emanadas del poder judicial, la Junta de Castilla y León aprovechó la ocasión para mostrar su "satisfacción" por esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al entender que "resuelve de manera adecuada" una "petición justa" formulada por la Comunidad ante una decisión del Estado central que perjudicaba los "intereses legítimos" del Ejecutivo autonómico.
Los hechos que han originado esta sentencia se remontan a marzo de 2005 cuando los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León formularon ante el Ministerio de Economía y Hacienda una petición de reembolso de los gastos derivados por la asistencia sanitaria prestada en centros gestionados por el Instituto Nacional de la Salud (Insalud) durante el periodo de congestión que tuvo lugar tras el traspaso a la Comunidad de las competencias en materia de sanidad.
Estos gastos estaban, en esencia, relacionados con el conocido como "gasto farmacéutico" y, en concreto, consistían en prestaciones realizadas para el Estado antes de la fecha efectiva del traspaso, pero que fueron liquidadas con cargo al presupuesto de la Comunidad después de que el traspaso entrase en vigor.
Ante esta petición de la Junta, el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) emitió una Resolución fechada en diciembre de 2005 en la que entendía que el pago debía ser asumido por el Gobierno castellanoleonés por existir una subrogación de las obligaciones.
Contra esta decisión, los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico interpusieron un recurso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que se ha resuelto ahora "en una decisión que puede calificarse de histórica, ya que reconoce la mayor parte de las obligaciones reclamadas por parte de la Junta de Castilla y León y que se traducen en una cantidad superior a los 53 millones de euros".
