En España hay casi tantas personas con epilepsia diagnosticada como con el trastorno oculto

Actualizado: lunes, 6 octubre 2014 20:57


MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Epilepsia (FEDE) ha recordado que en España se estima que hay unas 400.000 personas que sufren epilepsia y están diagnosticadas pero podría haber otros 300.000 casos más que permanecen "ocultos", de ahí que reclamen tomar medidas para combatir este ocultamiento de la enfermedad, así como su aislamiento social y discriminación.

Con motivo del Día nacional de la epilepsia que se celebra el próximo 24 de Mayo, esta entidad apuesta por la visibilidad del colectivo y el acercamiento de su problemática a la sociedad en general, medios de comunicación y poderes públicos.

Por ello, bajo el lema 'Por los derechos de las personas con epilepsia' defienden que las personas con epilepsia puedan gozar de la "protección necesaria" que les permita una adecuada asistencia sanitaria y su integración en el ámbito social, educativo y laboral.

Según recuerdan, de las personas diagnosticadas que padecen algún tipo de epilepsia entre el 70-80 por ciento están controlados por fármacos y pueden llevar una vida normalizada pero el resto, entre un 20 y 30 por ciento de los afectados, padecen epilepsia refractaria, crisis no controladas y tienen que convivir con la esperanza de una posible intervención quirúrgica o avances en la investigación para obtener el fármaco que controle sus crisis.

"En ambos casos, su vida diaria se ve mermada por la incomprensión y la falta de información de su entorno", destaca FEDE, que recuerda que el 40 por ciento de los niños con epilepsia tienen dificultades en la escuela y que los adultos que la padecen sufren elevados niveles de desempleo, están sometidas al estigma y los prejuicios.

Para evitar esta situación, piden promover la investigación y la innovación en el ámbito de la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de la epilepsia, dar prioridad a esta enfermedad e impulsar iniciativas para animar a los Estados miembros a garantizar una calidad de vida igualitaria en cuanto a educación, empleo, transporte y salud pública para los afectados.