MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fundación 'Edad y Vida' ha exigido al Gobierno que haya igualdad en la subida del IVA en los productos y servicios sanitarios, así como en las ayudas a la dependencia, después de que el pasado 13 de julio el Consejo de Ministros aprobara por Decreto Ley una serie de medidas orientadas a reducir el gasto público e incrementar los ingresos para las arcas del Estado.
"Somos plenamente conscientes de que hay que tomar medidas y que en estos casos nunca llueve a gusto de todos. Algunas de estas medidas conciernen directamente a la prestación de servicios y al acceso a productos de carácter sanitario y de atención a la dependencia, como son la modificación de la Ley de Dependencia y el incremento del IVA", ha argumentado la asociación.
A su juicio, los servicios de dependencia deberían considerarse de primera necesidad y tributar en consecuencia con el tipo impositivo súper reducido ya que, ha recalcado, es un "agravio comparativo y de convivencia" que por criterios recaudatorios existan diferentes tipos de tributación sobre el mismo servicio dependiendo de quién lo preste y quién lo compre.
Sin embargo, 'Edad y Vida' ha aplaudido la parte de la modificación de la Ley de Dependencia que simplifica la clasificación de la situación de dependencia con la eliminación de los dos niveles por grado de dependencia.
De esta manera, ha recalcado, se facilita un proceso que, si bien en un plano teórico parecía diseñado para atender de manera óptima las necesidades de las personas, en la práctica resultaba "muy complicado" de ejecutar administrativamente. "Este cambio debería redundar en una mejora en la eficacia y rapidez de los procesos de valoración, concesión y acceso a las prestaciones", ha subrayado.
Sobre el retraso de la entrada en el sistema de las personas con grado moderado de dependencia, para 'Edad y Vida' puede ser "lógico" a la hora de favorecer a los que tienen mayores dificultades, a pesar del retraso que ello supone para acceder al apoyo que requiere este grupo de personas. "El contexto actual de gravísimas dificultades económicas de las arcas públicas y el hecho de que se hayan superado ampliamente las estimaciones de población dependiente, especialmente de Grado III, que se han duplicado, justifican esta priorización", ha señalado la asociación.
Asimismo, ha puntualizado, según los últimos datos del SAAD, del pasado 1 de julio, quedan todavía pendientes de asignación de prestación 258.951 personas dictaminadas con Grados III, II y I nivel 2, que son personas beneficiarias con derecho a prestación en estos momentos.
"MÁS PRESIÓN" A LAS CCAA
Por otra parte, la entidad ha alertado de que con la reducción de la aportación del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección se está trasladando "más presión" si cabe a las comunidades autónomas que, a su entender, deberán desarrollar la contribución del usuario para poder sufragar los costes de la atención a la dependencia.
"La reducción de las cuantías máximas de las prestaciones económicas y de la intensidad de protección de los servicios apuntan también a la necesidad de que el usuario contribuya en mayor medida a la financiación de los mismos. En este sentido, la memoria económica de la Ley ya preveía un copago medio del 33 por ciento, pero en estos momentos no hay ninguna Comunidad Autónoma que supere el 15 por ciento", ha comentado.
Por este motivo, la Fundación ha apostado por la corresponsabilidad del usuario de los servicios de garantía pública y, ha calificado de "absolutamente necesario" realizar una definición "clara" y con criterios "comunes" para el conjunto del Estado sobre los niveles de contribución del usuario, con el objetivo de respetar "al máximo" la cohesión social y territorial.
"Es también esencial que se fomenten todos aquellos productos de previsión y ahorro que permitan incrementar la capacidad económica de las personas para hacer frente a los riesgos derivados del envejecimiento y de las situaciones de dependencia futuras", ha aseverado.
Por último, 'Edad y Vida' ha felicitado las medidas encaminadas a reducir el peso de los cuidadores familiares en el conjunto de prestaciones concedidas ya que, según ha recalcado, la propia Ley establecía la excepcionalidad de este tipo de prestaciones que, en la práctica, "ha resultado ser la norma". En este sentido, han apostado por la profesionalización del sector, hecho que conseguiría generar empleo y garantizaría una atención de calidad y adaptada a las necesidades de la persona en situación de dependencia.
"En principio, todas estas medidas deberían servir para orientar los recursos hacia la profesionalización de los servicios y el desarrollo del sector, que permitirían mejorar la atención y la calidad de vida de las personas mayores, pero las medidas de carácter fiscal y en concreto las modificaciones sobre el IVA no parecen ir en este sentido", ha zanjado.
