El segundo problema urgente son las desigualdades entre comunidades
MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, reclamará el próximo martes, 21 de junio, en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, que se cumpla la ley que garantiza a todos los españoles el acceso universal y gratuito a los servicios de salud, ya que los problemas en este sentido se han "agravado" con la crisis.
En el Foro sobre las Necesidades y Reclamaciones de los Pacientes, organizado por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, Cava de Llano ha destacado que los problemas de acceso a la sanidad fueron el principal motivo de queja ciudadana en 2010, como lo refleja el último informe de su Oficina, que se debate el martes en comisión.
Según ha recordado, el acceso a una atención sanitaria universal y gratuita es "un derecho garantizado, hace ya 25 años, por la Ley General de Sanidad". Sin embargo, denuncia, "no se ha conseguido todavía". "Muchos españoles no tienen acceso a la sanidad aún y no existen ni razones jurídicas ni económicas para ello", asevera.
A su juicio, los problemas con el acceso a la sanidad "se han agravado con la crisis", no sólo para los parados, también para los autónomos, que están "en una situación bastante desesperada". "Estamos pasando momentos muy serios, hay españoles que no se pueden pagar una sanidad privada y están dentro del régimen de asistencia sanitaria. Es fundamental que se les reconozca este derecho", sentenció.
DESIGUALDADES AUTONÓMICAS, EL SEGUNDO ASUNTO URGENTE
El segundo asunto urgente a solventar en la sanidad, tercer motivo de queja de los españoles en esta materia durante 2010, son las diferencias en la cartera de servicios de las comunidades autónomas.
En concreto, hay quejas sobre las desigualdades autonómicas en el calendario vacunal, en los recursos destinados a salud mental o las enfermedades raras, el diagnóstico genético preimplantacional o los cuidados paliativos y tratamientos de dolor, entre otros servicios.
"Entendemos que, sin perjuicio de que cada comunidad autónoma pueda decidir en materia de sanidad, nos subimos al carro de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que obliga al Estado a garantizar un mínimo común denominador, aunque lo cierto es que este mínimo debe ser compatible con el desarrollo de prestaciones diferenciales", apunta.
El segundo asunto sanitario con más quejas ciudadanas son las deficiencias de los sistemas de información. "La Ley reguladora de los Derechos del Paciente vino a resolver muchos problemas, pero no resuelve de forma suficiente aspectos como la eliminación de las anotaciones de los profesionales en las historias clínicas o los plazos para hacer efectivo el acceso a la historia clínica", precisa.
Otras quejas se refieren a la organización y funcionamiento de los centros sanitarios, deficiencias en la accesibilidad de los servicios, "progresiva" escasez de profesionales en determinadas áreas clínicas y demoras en la prestación de la asistencia sanitaria.
RESOLVER MÁS RÁPIDO LOS CONFLICTOS MÉDICO-PACIENTE
También hay quejas sobre la mala praxis de algunos profesionales, "afortunadamente no muchas", según Cava de Llano. Asegura que otro motivo de preocupación para su Oficina son las quejas sobre medicamentos, el 20 por ciento de ellas por etiquetados incorrectos.
También les preocupa la lentitud de la resolución de los conflictos que se plantean entre médicos y pacientes. Por ello, propone "promover fórmulas alternativas a la vía judicial para dirimir controversias suscitadas entre pacientes y médicos mediante la conciliación o el arbitraje".
En este sentido, dice que su Oficina está trabajando en fijar un baremo de valoración de los daños específicos para la sanidad, sobre todo desde el momento en el que se ha establecido el seguro obligatorio de responsabilidad civil, previsto en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), y que podría "contribuir a que la sociedad desjudicialice a la medicina".
