MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó un total de 1.854 quejas sobre Sanidad en 2013, un 80 por ciento de ellas hacen referencia a ámbitos de la atención sanitaria, especialmente en Primaria por la disminución del horario en los puntos de atención continuada (PAC) y en la Especializada por las listas de espera; y sobre la prestación farmacéutica el copago que es el motivo de queja más frecuente.
El informe de la Institución en 2013 presentado en el Congreso de los Diputados muestra un leve incremento, con 180 quejas más que el año anterior (1.674 en 2012); este leve incremento se puede ver también tanto en las quejas individuales (785 frente a 779 en 2012) como, sobre todo, de las presentadas por colectivos (1.053 frente a las 893 del pasado año).
De la atención sanitaria un lugar destacado dentro del Informe tiene la no asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes en situación no regular, con excepción de menores, mujeres embarazadas y enfermedades graves, que destaca "ha preocupado" a esta Institución, que ha formulado recomendaciones que "no han sido aceptadas", pero por el contrario destaca de que comunidades autónomas y organizaciones no gubernamentales hayan habilitado sus propios procedimientos para alcanzar la atención necesaria.
En cuanto al copago farmacéutico las quejas están basadas en las cuantías para personas con rentas bajas y discapacidad. En este caso, en su introducción lamenta que las recomendaciones efectuadas que solicitan la exención para estas personas no "han sido aceptadas", si bien existe el compromiso de replantear los porcentajes de pago.
Precisamente, en este ámbito destaca el único desencuentro sustancial se ha producido en el ámbito de la atención farmacéutica, puesto que el Ministerio ha rechazado diversas recomendaciones que esta Institución ha formulado en materia de copago.
Sobre la tramitación del conjunto de actuaciones se ha seguido con diversos organismos de la Administración General del Estado. Obviamente, el primero de ellos es el Ministerio de Sanidad, seguido por la practica totalidad de los servicios de salud o autoridades autonómicas en materia sanitaria, entre las que destacan por el número de investigaciones, las de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, así como con diversos ayuntamientos.
En concreto, las quejas formuladas están relacionadas con una reducción de prestaciones sanitarias, exclusión de colectivos del ámbito de protección de la sanidad pública, financiación de medicamentos, supresión de centros de urgencia en Atención Primaria, insuficiente dotación de personal sanitario, demoras en pagos a proveedores de centros sanitarios y a oficinas de farmacia y retrasos en el reconocimiento de reclamaciones de carácter económico.
A lo largo de 2013 añade en cuestiones de sanidad no se objetivaron actuaciones incorrectas, sino "decisiones de gestión de recursos que pueden resultar cuestionables desde posiciones políticas y sociales divergentes", pero que no pueden calificarse como vulneradoras del ordenamiento jurídico.
