SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio dirigida a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y al Ministerio del Interior, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para conocer la entidad de los datos de prevalencia y epidemiológicos de la hepatitis C en los centros penitenciarios situados en Andalucía, así como la respuesta de atención sanitaria que reciben estas personas enfermas por parte de las Administraciones afectadas.
En su escrito de queja, consultado por Europa Press, el Defensor señala que en las prisiones la incidencia general de la enfermedad "se multiplica por ocho". Sin embargo, continúa, los tratamientos para los casos más graves de hepatitis C "no llegan a los pacientes presos", por lo que "queremos conocer las causas y establecer pautas que garanticen un acceso equitativo a la atención sanitaria de todos los enfermos".
En este sentido, señala que la Institución ha tenido la oportunidad de conocer diversos casos, tramitados en las correspondientes quejas, de personas enfermas de hepatitis C que expresaban sus "dificultades" para acceder a las atenciones médicas y prestaciones farmacológicas. "Se trata de pacientes que forman parte de la población reclusa diagnosticada de hepatitis C, en centros penitenciarios ubicados en Andalucía", añade.
Así, apunta que entre las quejas tramitadas "se ha detectado una circunstancia común, cual es que estas personas enfermas no acceden al tratamiento más idóneo acorde con su diagnóstico, en términos análogos y equivalentes al resto de la población".
De este modo, la Oficina recuerda en su queja que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) aprobó a finales de 2011 un nuevo tratamiento que aumenta las expectativas de curación de los enfermos de hepatitis C, especialmente los infectados por el genotipo 1A, que es la forma más común en la que se presenta el virus (el 75% de los casos). El tratamiento se basa en una triple terapia en la que se unen a los medicamentos habituales que se empleaban hasta ahora para este tipo de hepatitis (interferón pegilado y ribavirina), un nuevo fármaco (boceprevir o telaprevir).
"Este nuevo tratamiento duplica las opciones de curación", afirma, al tiempo que asegura que, según diversos estudios manejados por la Agencia Española de Medicamentos, con la medicación clásica se curaban entre el 40 y el 50 por ciento de los infectados por el genotipo 1; mientras que con esta triple terapia, se cura más del 75 por ciento.
En este escenario de respuestas de atención médica, el Defensor señala que "ha podido comprobar que los servicios sanitarios andaluces prescriben y dispensan para la población general estos tratamientos dentro de su cartera ordinaria de servicios". Así, y para conocer la respuesta adecuada que se debe dar a los enfermos también en las prisiones, "proponemos dirigirnos al Servicio Andaluz de Salud para conocer la actuación que lleva a cabo ante estos enfermos de hepatitis C internos en centros penitenciarios que acceden a sus servicios y el número de casos que ha tratado".
Del mismo modo, señala que a partir de la colaboración del Defensor del Pueblo Estatal, "proponemos contar con la información de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a fin de conocer los datos que definan la presencia de población reclusa infectada de hepatitis C desde una perspectiva territorial más amplia que nos permita referenciarla en relación con Andalucía".
A la vista de todo ello, en dicha actuación se señala que el Defensor del Pueblo Andaluz ha considerado "oportuno" promover la iniciación de una investigación, a través de la correspondiente queja de oficio, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, dirigida a analizar la incidencia de la hepatitis en la población reclusa y atención sanitaria ofrecida a sus pacientes
