MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública rechaza las Unidades de Gestión Clínica porque con ellas, según afirman, el Ministerio de Sanidad pretenden "desmantelar y privatizar" el Sistema Nacional de Salud (SNS).
En su opinión, el objetivo es "fragmentar los centros sanitarios en múltiples entidades empresariales con autonomía plena para gestionase aplicando las diferentes fórmulas de gestión privada (Ley 15/97), presupuesto propio y capacidad para comprar y vender sus servicios creando un mercado interno sometido a las leyes de la competencia".
De este modo, entiende se daría entrada en los centros públicos a capital y proveedores privados, laboratorios farmacéuticos y la industria tecnología sanitaria.
Asimismo, considera que con estas Unidades se pretende "someter y controlar" a los profesionales y trabajadores sanitarios, "privándole" de las garantías del Estatuto Marco "para controlar sus decisiones clínicas, reducir sus salarios, eliminar su estabilidad y condiciones laborales".
Además de "romper la unidad vinculándoles a diferentes empresas con múltiples condiciones laborales" y "hacer cómplice al personal de la políticas de recortes asistenciales a los ciudadanos permitiéndoles quedarse con una parte de los ahorros generados en los procesos asistenciales".
Y, finalmente, "cambiar el modelo sanitario público, universal, accesible y redistributivo" establecido por la Ley General de Sanidad, eliminando los actuales servicios; acabando con el modelo comunitario; y transformando la Atención Primaria "en la portera del sistema" para seleccionar pacientes y patologías, "de acuerdo a los intereses empresariales de las Unidades de Gestión controladas desde los hospitales".
"Se pervierte y desacredita así el concepto de gestión clínica para modificar la situación del personal sanitario (deberá renunciar al Estatuto para poder integrase en las Unidades), se liga la Gestión Clínica a cambios del régimen jurídico de los centros, se fragmenta el sistema público y se da entrada al sector privado", afirma.
Entre las consecuencias, destaca además un "previsible aumento del gasto sanitario innecesario", ya que, añade, "las unidades deberán dotarse de un aparato burocrático administrativo para gestionar los recursos como empresas autónomas, mientras que el sector privado buscará maximizar beneficios promoviendo el uso intensivo de las tecnologías".
Por lo tanto, para frenar su puesta en marcha aconseja crear un clima de rechazo profesional y social en contra de estas Unidades de Gestión Clínica, "informando y demostrando la pérdida de derechos y de calidad de la atención para la gran mayoría de ciudadanos y profesionales".
Para ello, pide la participación de la ciudadanía firmando la petición 'Contra el pacto entre los autodenominados 'Foros Profesionales' y el Ministerio de Sanidad' alojada en la plataforma www.change.org.
Asimismo, ve necesario que se desarrolle una alianza profesional lo más amplia posible, que aísle a los sectores que han suscrito un acuerdo de apoyo, para rechazar esta Gestión Clínica que plantea el Gobierno, que "fragmentará y privatizará el sistema sanitario público, y que no tiene nada que ver con la mejora de la integración y de la efectividad del sistema".
Finalmente, concluye su exposición destacando la importancia de "ampliar y reforzar" la alianza social y profesional en defensa del sistema sanitario y de rechazo a estas medidas de desmantelamiento y privatización; además de convocar medidas de movilización social y profesional que exijan la retirada de las Unidades de Gestión Clínica
