BARCELONA/MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las consultas jurídicas relacionadas con la enfermedad del sida crecieron un 18 por ciento durante el año pasado, hasta situarse en las 168, según datos del informe de consultas de la Asesoría Jurídica del Observatorio de Derechos Humanos y VIH/Sida de España.
El Observatorio, financiado por el Plan Nacional del Sida del Ministerio de Sanidad, ha especificado en una nota que el principal ámbito de consulta fue el del empleo (26%), seguido de la atención sanitaria (23%), y en menor medida la administración, el acceso a seguros, el bienestar y la vida familiar.
Las consultas, por su parte, han estado relacionadas con cambios en las condiciones de trabajo, la vulneración de la confidencialidad de los datos médicos, la solicitud de la prueba del VIH sin tener relevancia para el lugar de trabajo y complicaciones al reincorporarse después de una baja, entre otros aspectos.
La media de edad de las personas que recurrieron a los servicios jurídicos del Observatorio fue de 39 años, y un 64 por ciento fueron hombres; siendo un 10 por ciento del total de las consultas personas residentes en España de origen extranjero, con un claro predominio de países latinoamericanos (Colombia, Perú, Uruguay, México, Argentina, Chile, Venezuela) y europeos (Irlanda, Portugal, Alemania, Holanda).
Por comunidades autónomas, explican que durante 2010 han contactado personas de todas las comunidades autónomas, excepto Cantabria, Extremadura y la ciudad autónoma de Melilla, destacando un mayor número de consultas en aquellas zonas del más pobladas. Así, la que mayor número de consultas ha recibido han sido Cataluña (21%), seguida de Madrid (18%), Andalucía (15%), Canarias (8%), Valencia (7%) y Castilla León y Baleares (6%).
El coordinador del Observatorio, Joan Bertran de Bes, ha considerado que el informe confirma que las personas con VIH y sida todavía experimentan discriminación en España, si bien reconoce que en los últimos 30 años se ha mejorado la atención sanitaria y la calidad de vida de las personas enfermas.
CONCLUSIONES DEL INFORME.
"Los derechos básicos de las personas con VIH se ven vulnerados en espacios como el trabajo, la sanidad, la Administración, el acceso a servicios o las relaciones personales. Por ello resultará fundamental aplicar las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en materia de trabajo, eliminar las exclusiones en oposiciones públicas y en el acceso a seguros, así como revisar la catalogación del VIH/sida como 'infecto-contagioso' y dar una respuesta firme e unitaria a la criminalización de la transmisión del VIH", explica.
En este sentido, el informe manifiesta la necesidad de que ningún trabajador sea sometido a una prueba de detección del VIH y que no se exijan estas ni otras pruebas; que haya un acceso a seguro que no sea discriminatorio para las personas seropositivas, y, por tanto, proponen que "las compañías aseguradoras eliminen dichas exclusiones basándose en la evidencia científica y cubran con sus pólizas a personas con VIH, teniendo en cuenta las circunstancias de cada una, tal y como hacen por ejemplo con personas fumadoras".
Por otra parte, en cuanto a la catalogación del VIH/sida como enfermedad infecto contagiosa, recuerdan que genera exclusiones no justificadas de determinados bienes y servicios (piscinas, servicios sociales, etc.), lo cual también es una clara situación de discriminación y, en este caso, proponen que desde Sanidad se estudie la posibilidad de revisar dicha catalogación.
Por otra parte, lamentan la exclusión de las personas con VIH en las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía y el aumento de voces a nivel local y global que abogan por la criminalización de la transmisión del VIH, es decir que le atribuyen carácter criminal sea desde el ámbito judicial o el administrativo. "Se trata de un tema de primerísima actualidad y urgencia que amenaza con llevar la epidemia a la clandestinidad, al reforzar la estigmatización y consiguientemente al hacer más difícil el manejo de la epidemia", advierte.
