SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería andaluza de Salud y Bienestar Social ha asegurado este lunes, después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el conflicto de competencias presentado por el Gobierno central contra la subasta de fármacos, lo que implicaría la suspensión de la resolución de la Consejería del ramo sobre la convocatoria para la adjudicación de los medicamentos recetados por principio activo, que aún no han recibido tal notificación del Alto Tribunal.
"Aún no hemos recibido la notificación del Constitucional", han declarado las mismas fuentes, que no han entrado a valorar en más profundidad el asunto a la espera de que llegue la providencia del TC.
No obstante, la propia consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ya argumentó a Europa Press el pasado viernes que, a juicio de los servicios jurídicos de la Junta, este hecho no paralizaría la subasta, "entre otras cosas porque siempre hemos trasladado que lo que el Gobierno central llevó ante el TC fue la resolución del decreto, que ya está extinta, puesto que el objetivo de la misma era convocar el concurso para los laboratorios que quisiesen optar a nuestros procedimiento".
"Es que ni siquiera está ya en vigor la resolución de la Gerencia del SAS; lo que está en vigor es el decreto, que no se ha llevado al Constitucional", recordaba la propia Montero, quien, aún con todo, no descarta que el Gobierno de Mariano Rajoy terminase utilizando esa vía, "ya que previamente nos citaron a una mesa de resolución de competencias entre Gobierno y Junta, que por cierto no se llegó a convocar nunca, aunque es un acto que se hace como paso previo a la interposición del recurso ya contra el decreto en sí y no sólo la resolución ".
Sea como fuere, en la providencia elevado por el Constitucional, fechada el 8 de mayo y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Tribunal recoge que la Junta de Andalucía tiene un plazo de 20 días para aportar las alegaciones que considere oportunas.
Se da la circunstancia de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla ha archivado recientemente la otra vía jurídica que el Ejecutivo de la Nación abrió contra la resolución andaluza, al entender este tribunal que para este caso existe ya abierta una causa sobre el mismo fondo de la cuestión a una instancia superior como es el Constitucional.
El Consejo de Ministros anunció el pasado 30 de marzo que presentaba el conflicto de competencias al entender que la orden andaluza fija un nuevo régimen legal no previsto en la legislación básica estatal. Ese planteamiento del conflicto ya comportaba la suspensión de la resolución. La resolución de la Consejería andaluza queda suspendida desde el día 2 de abril, fecha en la que se interpuso el conflicto.
Según los datos de la Consejería andaluza de Salud, con la subasta de fármacos --en el caso de que se pueda seguir con esta medida-- se esperan unos ahorros para las arcas sanitarias de 40 millones de euros solo en el primer año de aplicación.
Se trata de los tres grupos de medicamentos más consumidos por los andaluces, ya que anualmente se venden 22,6 millones de envases de protectores gástricos, estatinas (utilizadas frente al colesterol) e inhibidores de la agregación plaquetaria (indicados en casos que presenten riesgos de tromboembolia, infartos o ictus).
