MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Justicia de Congreso de los Diputados tiene 'congelada' desde hace un año por acuerdo de todos los grupos parlamentarios una proposición de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular los tratamientos no voluntarios de las personas con trastornos psíquicos, informaron hoy a Europa Press en fuentes parlamentarias.
El Pleno de Congreso acordó tramitar esta iniciativa de CiU en noviembre de 2004 y, desde esa fecha, el plazo para la presentación de enmiendas se ha ido prorrogando sucesivamente. Ha habido comparecencias de expertos para informar de la iniciativa, pero las dudas de los especialistas médicos y de las familias afectadas por este problema han ido postergando la tramitación de la reforma.
En concreto, la propuesta de los nacionalistas catalanes persigue que un juez pueda autorizar un tratamiento no voluntario o un periodo de observación para diagnóstico cuando así lo requiera la salud del enfermo psíquico.
CiU apuesta por incluir un nuevo párrafo en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para abrir esta vía y que los tribunales puedan realizar la citada autorización siempre después de haber analizado la propuesta razonada del facultativo y la opinión tanto del paciente como del forense y el Ministerio Fiscal.
INFORMAR AL JUEZ
"En la resolución que se dicte deberá establecerse el plan de tratamiento, sus mecanismos de control y el dispositivo sanitario responsable del mismo que deberá informar al juez, al menos cada tres meses, de su evolución y seguimiento, así como sobre la necesidad de continuar, modificar o cesar el tratamiento", reza la propuesta de CiU.
Con esta iniciativa, los nacionalistas catalanes llevan al Congreso una de la principales preocupaciones de la Confederación de Familiares de Enfermos Mentales (FEAFES). Según explica CiU, el hecho de que algunas personas que padecen enfermedades mentales crónicas se nieguen a recibir tratamiento redunda en una merma en su calidad de vida, algo que podría evitarse si fueran adecuadamente tratadas.
"En la práctica, --señalan en la exposición de motivos del texto--se está sometiendo a personas que precisan ayuda al más absoluto abandono". Además explican que ante este tipo de situaciones, muchas las familias optan por declarar incapacitados a los enfermos para poder así solicitar que se someta a tratamiento, "pero en la práctica no existe ninguna medida directa de aplicación cuando el enfermo no presta su consentimiento".
