SEGOVIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sección 3 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado al Sacyl para que indemnice a una paciente con la cantidad de 11.020 euros por las secuelas a una paciente tras la práctica de un colecistectomía laparoscópica en el Complejo Asistencial de Segovia.
Según ha informado El Defensor del Paciente en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, el TSJCyL ha dictado una sentencia en la que se estima parcialmente el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por los Servicios Jurídicos de esta asociación.
Los hechos se remontan al 12 de febrero de 2008 cuando A.G.A., mujer de 59 años en la actualidad, fue ingresada en el Complejo Asistencial de Segovia para ser intervenida de colecistectomía laparoscópica. Tras los resultados de las pruebas indicaban que la paciente presentaba "significativos riesgos" respecto a su estado de salud relacionados con una intubación difícil y alto riesgo de obstrucción en las vías respiratorias (mandíbula pequeña y cuello delgado).
Según El Defensor del Paciente se hizo caso omiso a estas indicaciones y en el curso del proceso de inducción a la anestesia no se consiguió realizar intubación endotraqueal tras numerosos intentos, por lo que A.G.A. sufrió una hemorragia por laceración en el interior de la garganta y una parada cardiorespiratoria y la necesidad de realizar traqueotomía de urgencia dada la situación de riego vital en la paciente.
"Después de una hora de intervención la afectada ingresó en la UVI con un alto riesgo de trombosis cerebral provocada por la desastrosa intervención, manteniendo durante días la situación de traqueotomía con fortísimos dolores, siéndole realizada una nueva intervención el día 19 de febrero", han precisado las mismas fuentes.
Según El Defensor del Paciente, a día de hoy A.G.A. padece secuelas a dicha situación fundamentalmente estéticas, dificultad en la deglución y psicológicas por estrés post-traumático.
La defensa del caso ha sido tramitada por el letrado Antonio Navarro Rubio, especialista en derecho sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de El Defensor del Paciente.
