CESIDA avisa de que la falta de asistencia sanitaria al inmigrante con VIH generará un "serio problema" de salud pública

Actualizado: miércoles, 8 agosto 2012 12:38

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Estatal de VIH-Sida, CESIDA, ha advertido de las "graves consecuencias" que tendrá en la salud individual y colectiva la retirada de la tarjeta sanitaria a los extranjeros en situación irregular.

A su juicio, la medida adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy afecta a los derechos básicos como el Derecho de la Salud y, a su vez, generará "graves consecuencias" en la calidad asistencial y en la atención sanitaria tanto en el medio como en el largo plazo.

En este sentido, el miembro de la Comisión Ejecutiva de CESIDA, Juan Ramón Barrios, ha asegurado que retirar la tarjeta sanitaria es una medida que "incrementa" el riesgo de exclusión social y las desigualdades en salud.

Además, ha apostillado, la iniciativa que está preparando el Departamento que dirige Ana Mato para que las personas inmigrantes en situación irregular que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos tengan que pagar una cantidad mensual, es un "parche inasumible" para muchas personas y "supone paso más hacia la privatización de la sanidad pública".

"Esta medida provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias, incrementando los ingresos hospitalarios, la presión asistencial, suponiendo en consecuencia mayor gasto sanitario", ha aseverado Ramón Barrios.

Dicho esto, desde CESIDA han alertado de que las personas extranjeras en situación irregular con VIH que a partir de septiembre no tengan la tarjeta sanitaria no tendrán acceso a los medicamentos antirretrovirales. Un hecho que, a su juicio, implicará un "deterioro" de la salud comunitaria y una "falta de control sanitario" respecto a la transmisión enfermedades infectocontagiosas.

Asimismo, la asociación ha denunciado que estas medidas supongan una "violación" de los derechos humanos y contravengan lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Española donde se reconoce el derecho a la protección de la salud.

"Se incrementarán las muertes de las personas infectadas por el VIH, aumentarán el número de infecciones oportunistas y de los ingresos hospitalarios, así como en la trasmisión del VIH a la población general, generando un grave problema a nivel de salud pública. Además, provocará un aumento de enfermedades infecciosas, como tuberculosis o sífilis, y habrá una mayor posibilidad de trasmisión madre-hijo del VIH", ha concluido.