MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) apoyarán la marcha de este sábado, 10 de enero, convocada por la Plataforma de Afectados por la Hepatitis (Plafhc), que empezará a las 9:45 horas desde el Hospital 12 de Octubre y acabará en el Palacio de la Moncloa.
Según han informado las organizaciones, en la marcha participarán el Secretario General de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, y la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López.
CCOO reclama al Gobierno iniciativas en una doble dirección. Por un lado, "garantizando la disponibilidad de presupuestos suficientes para abordar el tratamiento de una enfermedad grave como la hepatitis C"; y por otro, "promoviendo una negociación con el laboratorio que produce y comercializa el medicamento sofosbuvir ('Sovaldi'), cuya política empresarial está en el origen del problema".
Asimismo, el sindicato anuncia que promoverá una campaña entre los inversores institucionales de la compañía farmacéutica para que "ésta corrija su política de precios y tenga en cuenta los criterios de salud y no sólo los comerciales". La iniciativa, añaden, será propuesta por CCOO en el marco de la Confederación Sindical Internacional y su Comité sobre el Capital de los Trabajadores (CWC), y en paralelo a través de la iniciativa de Naciones Unidas para la aplicación de los Principios para la Inversión Responsable (PRI).
Entre las peticiones de UGT, se encuentra la que Carmen López ha hecho, reclamando "por vía de urgencia abordar la situación de los enfermos y el acceso a esta prestación", así como la convocatoria urgente de la Mesa del Diálogo Social en Sanidad y el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud en las que se aborden las medidas necesarias que "den solución a la situación de estos afectados", para su traslado y aprobación en el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebrará el próximo 14 de enero.
Además, UGT ha instado al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, a que tome "las medidas necesarias para garantizar la financiación de esta prestación", lo que incluye, dadas las competencias que este departamento establece, un "precio razonable del tratamiento que posibilite que las comunidades autónomas puedan asumir esta financiación", ya que en España el coste del tratamiento de esta enfermedad es 100 veces superior al coste de producción, lamentan.
