SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha garantizado este lunes que la región atenderá a todos los extranjeros en situación irregular "que lo necesiten", tanto en centros de salud como en hospitales. Y es que, como ha puntualizado, una cosa es la atención sanitaria y otra los derechos que genera la tarjeta que se les ha retirado.
Por ello, les ha pedido que se acerquen a los centros "con la misma confianza de siempre" ya que, ha apostillado, "nada ha cambiado". Así, si una de estas personas acredita que carece de recursos, no abonará la asistencia sanitaria, que tiene "garantizada" y que correrá a cargo del sistema.
Al mismo tiempo, ha recordado, en línea con el Real Decreto aprobado a nivel nacional, se prestará atención básica a menores, embarazadas y en urgencias, extremos que, por ejemplo, en Cantabria se ampliarán a la atención y tratamientos de enfermedades infecciosas.
La también vicepresidenta del Gobierno regional se ha expresado así en el Pleno del Parlamento, a propósito de una interpelación del PSOE sobre los recortes en Sanidad y en la que ha recordado que el pasado 13 de septiembre se han dado de baja las tarjetas sanitarias de 4.810 extranjeros en situación irregular en la Comunidad Autónoma. De ellos, 952 son menores de 18 años, de modo que reciben asistencia sanitaria en todos los casos y en igualdad de condiciones que los ciudadanos españoles.
Además, ha apuntado que el 30% de los afectados proceden de países de la Unión Europea, por lo que pueden solicitar la tarjeta en su país de origen para que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) pueda facturar a ese estado comunitario el servicio prestado.
La titular de Sanidad ha defendido que los cambios introducidos con la reforma sanitaria se orientan a mantener la "gratuidad" del sistema y a garantizar "como nunca" los derechos "a los más débiles".
También se pretende, ha añadido, "evitar el colapso" del sistema nacional de salud o el "derroche" en medicamentos, así como también "poner freno" a los "abusos" del turismo sanitario y acabar con el "disparate" de que los extranjeros en situación irregular facturen a España la asistencia sanitaria, algo que "no ocurre en ningún país del mundo".
Por todo lo anterior, Sáenz de Buruaga ha tachado de "artificial" el debate que pretende promover el PSOE, al que acusado de "hacer demagogia" y "generar desasosiego" con este asunto.
Sin embargo, la socialista Dolores Gorostiaga ha opinado que la retirada de la tarjeta sanitaria a extranjeros irregulares constituye "la mayor agresión" a la sanidad pública en la historia de la democracia, que hace "retroceder 30 años".
Además, en opinión de la exvicepresidenta autonómica el ahorro que se conseguirá con esta medida --que según ha vaticinado será "muy poco relevante"-- no puede ser una "excusa", más si se tiene en cuenta que el efecto desde el punto de vista sanitario va a ser "enorme".
Cree además Gorostiaga que iniciativas como ésta "se volverán en contra" de los que están ahora en el Gobierno (PP) porque se está "restringiendo un derecho fundamental" a los extranjeros.
Pero Sáenz de Buruaga ha pedido a los socialistas --a los que ha tachado de "irresponsables-- que dejen de poner "palos en las ruedas" para que España deje de ser un país en el que "era demasiado fácil defraudar al sistema" sanitario, que estaba "al borde de la quiebra" y, además, "condenado" como servicio universal.
DEPENDENCIA
Por otro lado, la diputada regionalista Rosa Valdés ha manifestado que los recortes en la atención a la dependencia "hieren de muerte" al sistema, al hacerle "inviable" y generar "más desigualdad". Sin embargo, según la parlamentaria del PP Mercedes Toribio el Real Decreto aprobado en la materia se orienta a "atender a más personas de las previstas" pero "con menos recursos".
Así lo han dicho ambas durante el Pleno, que ha rechazado, con los votos en contra del PP y a favor de PSOE y PRC, una proposición no de ley presentada por este último partido para rechazar los recortes en dependencia.
Valdés ha asegurado que con los ajustes introducidos en este ámbito el Gobierno está "poniendo en peligro" más de 5.000 empleos, al tiempo que se perjudica a unas 9.000 personas que esperan ser atendidas.
Además, ha lamentado, se recortan "6 millones" de euros para pagar a las cuidadoras de los dependientes, que son "las grandes paganas" de este "decretazo". También, ha añadido, se están "cerrando" plazas de residencia y "paralizando" la creación de nuevas, al tiempo que con medidas como ésta "se está combatiendo el déficit con más déficit".
A juicio de Valdés, es "una desvergüenza" que quienes reclamaban más financiación al Estado en la materia practiquen hoy el recorte "más brutal", "agravando" así la "inviabilidad" del sistema por motivos "ideológicos y no económicos, como intentan vender" desde el PP, al que ha censurado su "hipocresía".
Pero, a ojos de Toribio, los cambios introducidos en la ley son para "mejorar la calidad" de la atención a la dependencia y otorgar la prestación del servicio en función de la renta familiar.
La diputada del PP ha negado repercusiones sobre el número de plazas , sino "todo lo contrario", ha apostillado, al tiempo que ha desmentido consecuencias sobre el empleo en el sector.
Sobre el IVA, la diputada del PP ha destacado que el único cambio introducido "beneficia al sector", ya que se rebaja del 8 a 4%.
Por su parte, la socialista Dolores Gorostiaga ha criticado que el sistema está "retrocediendo" hasta estar, ha dicho, "parado", aunque no "por falta de demanda", ya que "muchas personas" están esperando ayuda.
Ha criticado el que haya "menos servicios" y "más personas sin atender", lo que a su vez se traducirá en el cierre de empresas del sector. Se trata, ha añadido, de "recortes en toda regla" de "derechos sociales", en una de las comunidades que "mejor había gestionado el sistema".
