MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
Asociaciones de inmigrantes han calificado de "indignante" que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ofrezca ahora a quienes se encuentran en situación irregular en España un convenio para ser atendidos en el sistema sanitario por el que tendrán que pagar una cantidad al mes, tras ser "expulsados" del sistema el pasado mes de abril.
El presidente de Rumiñahui, Vladimir Paspuel, ve "muy preocupante" que el Gobierno español proponga esta póliza sanitaria a la población inmigrante sin papeles porque es la "más vulnerable". Según ha explicado, no tiene un trabajo estable y carece de poder adquisitivo suficiente para hacer frente a una cuota, que "podría alcanzar los 60 euros mensuales".
Paspuel no sólo considera un motivo de preocupación la medida en sí, sino la "falta de diálogo" del Ejecutivo 'popular' con las asociaciones de inmigrantes a las que, según ha dicho, todavía no ha citado para tratar esta medida. "Es necesario que nos escuchen porque se pueden buscar otras alternativas", ha insistido el presidente de esta organización de ecuatorianos.
Entre las posibles soluciones, propone al Gobierno español que pida a a los Gobiernos de los países de origen que colaboren en la asistencia sanitaria de su población migrante. En este sentido, ha señalado que la cumbre Iberoamericana que se celebrará en Cádiz el próximo mes de noviembre es una "buena ocasión" para tratar.
Desde la Asociación de chilenos Violeta Parra han mostrado su "más pleno rechazo" a la propuesta del Ejecutivo, porque "busca avanzar en el proceso de privatización y marginación en el acceso universal a la sanidad pública", además de un "lavado de cara" del decreto ley aprobado el paso mes de abril, que dejó fuera de la asistencia sanitaria a este colectivo.
"El maquillaje de esta propuesta solo pretende suavizar la negación al acceso a la atención sanitaria, y lo hace en base a la capacidad económica del inmigrante", han subrayado desde esta organización, que auguran que producirá "marginación por razones económicas", ya que "muchos no podrán pagar esta atención". "Llamamos a desobedecer esta ley y a luchar por el acceso y atención gratuita y universal para todas las personas", han añadido.
