MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) han pedido al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, que retire el Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del Sistema Sanitario público de la región.
Asimismo, a través de un manifiesto, las asociaciones han pedido al consejero que dialogue "leal y sinceramente" con los profesionales sanitarios, "y sin posiciones predeterminadas", para pactar las medidas que se estimen oportunas para los fines que se pretenden sin, han apostillado, "planteamientos rupturistas, radicales e irracionales".
En este sentido, las tres entidades han recordado que existen "numerosas pruebas" que avalan que es difícil, "por no decir imposible", poner en marcha una reforma sin la participación activa de los profesionales y, especialmente, cuando estas reformas están fundamentadas "en criterios economicistas" y orientados a escenarios que, a su juicio, "rompen" la universalidad y equidad del sistema.
"La legitimidad otorgada por las urnas no puede convertirse en ningún caso en patente de corso para adoptar decisiones que afectan negativamente al conjunto de la sociedad, dificultan el acceso equitativo de los ciudadanos a los servicios públicos y ponen en peligro el futuro y la continuidad de las prestaciones sanitarias", han recordado.
Así, han denunciado que las medidas anunciadas por parte del Ejecutivo madrileño no aporten datos "objetivos" que permitan inferir la "mayor eficiencia" del modelo que se propone y que, además, "ni siquiera" exista un estudio económico que demuestre que se va a producir el ahorro que se proclama. Por tanto, a su entender, el documento parte de premisa "interesada" en objetivos "poco relacionados" con la calidad clínica.
"Dichas medidas son arriesgadas, de eficacia dudosa para el fin que supuestamente persiguen, conllevan la descapitalización irreversible de los recursos materiales y humanos del sistema sanitario público madrileño y suponen un expolio de los derechos adquiridos de los profesionales sanitarios", han señalado tras denunciar que la oferta que se ha propuesto a estos facultativos es un "brindis al sol" dado que les obliga a crear estructuras asociativas que representan "aventuras empresariales de alto riesgo y difícilmente financiables".
Asimismo, han criticado que el Plan no detalle ni la asignación capitativa por paciente, ni los factores correctores a aplicar, ni las normas jurídicas a implementar sobre las relaciones laborales en las nuevas entidades. Según las tres asociaciones, la lectura de "tan escueto documento" induce "irremisiblemente" sentimientos de "inseguridad legal, laboral y profesional".
Por ello, estas organizaciones han avisado de que las medidas planteadas por la Consejería de Salud de Madrid son "arbitrarias" y que los ajustes presupuestarios son una "simple coartada" para proceder a transferir la gestión de los centros de salud a organizaciones empresariales con ánimo de lucro.
"La Consejería emplea el eufemismo de 'externalización de la gestión' y rechaza de forma beligerante el de 'privatización'. Sin embargo, más allá de disquisiciones semánticas, ambos términos implican exactamente las mismas consecuencias finales sobre la organización y la gestión de los centros de salud y el estatus laboral y profesional de quienes en ellos trabajen", han zanjado.
