19 de febrero de 2014

Asociación Nacional de Vapeadores cree que la nueva regulación supone un recorte "injustificado" de sus derechos

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional Española de Vapeadores (ANEV) un recorte "totalmente injustificado" de los derechos de los cerca del millón de vapeadores que hay actualmente en España, y, por tanto, exige un "debate público" para defender sus derechos.

"Lucha contra la presión antivapeo instigada por diferentes grupos de interés, se muestra contraria al prohibicionismo y aboga por la regulación de la fabricación y comercialización del cigarrillo electrónico", advierten, tras la aprobación de las modificaciones de la Ley de Consumo que regula el cigarro electrónico detallando las restricciones en cuanto a su venta, prohibición de su uso, así como su publicidad y promoción.

Su presidente Pedro Cátedra sostiene que, algunas de las medidas prohibicionistas con respecto a la utilización del cigarrillo electrónico, "son una traba injustificable a una vía importante para ayudar a quienes quieren utilizar un producto alternativo al tabaco tradicional".

"Tenemos que tener muy claro que vapear tiene consecuencias mucho menos dañinas tanto para el fumador como para quienes le rodean", afirma, al tiempo que sostiene la necesidad de "entablar un debate constructivo" con la Administración pública, los especialistas médicos y la sociedad en general sobe el uso del e-cigarrillo y su comercialización.

Desde el punto de vista de ANEV, las medidas que se están tomando "están absolutamente injustificadas", y apunta a la "manipulación informativa de los grupos de poder".

Por tanto, pide "un debate que aún no se ha producido y que ha de ser abierto, transparente e inmune a las posibles presiones que poderosos grupos de interés como el formado por la industria farmacéutica o, en segundo término, la tabaquera, podrían ejercer para tratar de acabar con los cigarrillos electrónicos, que suponen una seria competencia para sus respectivos productos".

La asociación, que tiene como objetivo "salvaguardar los derechos de los vapeadores como prioridad", aboga por tres puntos clave: la profesionalización de los puntos de venta del 'e-cigarrillo'; la regulación de la fabricación de los líquidos para su recarga; y un exhaustivo control de la comercialización tanto de los dispositivos para vapear como de los líquidos para su relleno.


ANEV pide además a la Administración pública que trabaje en un marco regulatorio que, en lugar de prohibir el uso del cigarrillo electrónico, se centre en el exhaustivo control sobre los líquidos de recarga que se comercializan en España, "cosa que hoy en día no se está dando".

Según estimaciones de ANEV, cerca del 50% de los líquidos disponibles en España para vapear carecen de todo tipo de control sanitario, muy especialmente aquellos que proceden del mercado asiático y de los países extracomunitarios.