ZARAGOZA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PP aragonés en Sanidad, Ricardo Canals, lamentó hoy que se haya tenido que esperar más de un año para la firma del convenio entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio del Interior sobre atención sanitaria especializada de la población interna en los centros penitenciarios en Aragón.
Canals recordó que Luisa Noeno, consejera de Salud del Gobierno aragonés, y Mercedes Gallizo, directora general de Instituciones Penitenciarias "firmaron hace 18 meses un protocolo de intenciones sobre este tema, tal y como recoge la prensa del 21 de septiembre de 2004, que era el paso previo al convenio que tendría que haber entrado en vigor en enero de 2005. Hoy, con trece meses de retraso respecto a lo prometido por Gallizo y Noeno, el Partido Popular considera que se ha perdido el tiempo y pediremos explicaciones por ello".
El portavoz de sanidad del Partido Popular recordó que ya en noviembre de 2003, el Parlamento autonómico aprobó una proposición no de Ley por la que el Gobierno de Aragón debía haber consensuado con el Ejecutivo central un mecanismo para atender adecuadamente a la población reclusa. "Fue una oportunidad perdida para que las administraciones estatal y aragonesa cerraran un acuerdo absolutamente necesario", agregó Canals.
Posteriormente, en junio de 2005 y a iniciativa del Partido Popular, las Cortes aragonesas aprobaron una moción para que el Ejecutivo PSOE-PAR garantizase la realización de las consultas médicas de especialidades de mayor demanda, especialmente en salud mental, en los centros penitenciarios, a través de la correspondiente contraprestación económica por parte del Ministerio del Interior.
El portavoz de sanidad de los populares recalcó su interés por "cerrar adecuadamente" el traspaso de la asistencia sanitaria al Servicio Aragonés de Salud en los centros penitenciarios, y consideró que el convenio firmado esta mañana "es una fórmula transitoria pero, en ningún caso, el Gobierno aragonés puede considerarla como un procedimiento definitivo".
Para Canals "el objetivo final es que los presos reciban la atención sanitaria en las mismas condiciones que el resto de los aragoneses, lógicamente atendiendo a su situación específica de reclusión, y hoy por hoy esto no es así".
El diputado concluyó anunciando que solicitará al Departamento de Salud y Consumo el texto literal del convenio "y especialmente la parte correspondiente al acuerdo económico, puesto que es importante saber cuánto nos cuesta a los aragoneses para valorar la efectividad de lo que hoy han suscrito las dos administraciones".
