SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha iniciado este miércoles la campaña '#SanidadenPrisión' para romper el "bloqueo" en el traspaso de las competencias en materia de sanidad penitenciaria y reivindicar avances legales, "de obligado cumplimiento en el plazo de 18 meses", que permitan que "se asuman dichas competencias y su coste económico, con independencia de posteriores negociaciones".
Según critica en un comunicado la asociación, tanto las comunidades autónomas como el Gobierno central "muestran un desinterés absoluto" en el traspaso de las competencias y en cumplir la normativa vigente.
Es el caso de Andalucía, el Parlamento "solicitó" el pasado mes de junio este traspaso mediante una Proposición no de Ley, gracias, afirma la organización, "a la presión de la Apdha y de la de otras entidades, entre ellas el Defensor del Pueblo Andaluz". "Sin embargo, nada se ha movido desde entonces y las personas siguen sufriendo en su enfermedad", han añadido.
De esta manera, la asociación ha denunciado la "falta de asistencia sanitaria" de la población reclusa ante Naciones Unidas (ONU) a través de un informe al Comité para la prevención de la tortura, en el que "queda clara la restricción que padecen estas personas en el acceso a la salud", manifiesta.
La Apdha recuerda que lleva diez años trabajando para que se asuman las competencias sanitarias, tal como establece la legislación, y se hace "más vital aún cuando la ejecución de sucesivos convenios entre administraciones central y autonómica se han mostrado inútiles y han generado no pocos problemas a la población reclusa en lo que a la atención a su salud se refiere", han apostillado desde la entidad.
"LA SANIDAD EN PRISIÓN ES DE SEGUNDA"
En otras palabras, se trata de "parches con múltiples lagunas que se convierten en problemas muy graves para la población presa". Por ello, y a juicio de la entidad, la sanidad que "se dispensa en prisión es una sanidad de segunda y contradice así el derecho al acceso a la salud en igualdad de condiciones que dicta la Constitución".
Ejemplo de ello, enumera, son las "graves dificultades" para acceder a la medicación, "serios inconvenientes" para obtener citas de especialistas, "pérdidas reiteradas" de citas médicas con perjuicios en algunos casos muy considerables para la salud de los pacientes, "modificación" de la medicación prescrita, "falta" para el acceso de los médicos de prisiones a las historias clínicas --en muchos casos no tienen ni acceso a Internet--, "aislamiento" de los facultativos y "desorbitada" ratio médico/paciente, entre otros.
Según han explicado, muchos de estos problemas vienen causados por "la dependencia del personal sanitario del Ministerio del Interior y como consecuencia, de criterios de seguridad antes que criterios médicos".
Por ello, han señalado que volver a los convenios "no puede ser en ningún caso una opción", dado el "rosario de problemas" que acarrean y que han criticado el Defensor del Pueblo Andaluz, el Defensor del Pueblo Español, el Consejo General de la Abogacía Española, la Fiscalía General del Estado, los profesionales de la sanidad y la sanidad penitenciaria, han argumentado.
"No queda más salida que el traspaso urgente de las competencias para minimizar todos estos obstáculos y limitar la desigualdad manifiesta y en ocasiones sangrante que se produce en los derechos fundamentales a la vida, la protección de la salud y a la asistencia médica que debe tener todo ser humano", han concluido desde la Apdha.
