Solicita a la Junta integrar la sanidad penitenciaria en la sanidad pública
SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha presentado este miércoles el informe 'La intervención de la Junta de Andalucía en el sistema penitenciario: colaboraciones más destacadas' en el Parlamento, donde ha señalado que la prevalencia de personas con enfermedad mental en los centros penitenciarios "es cada día más alta", mientras que el número de psiquiatras en Andalucía "no es suficiente".
"Tenemos pocos psiquiatras, y una población en general enferma mental que va en aumento, y que no es un problema de la cárcel, sino de la sociedad y tiene su presencia en la cárcel", ha dicho.
Durante su intervención en la Comisión de Justicia e Interior en el Parlamento, insiste en la "extraordinaria" prevalencia de trastornos entre reclusos "hasta el extremo de situarse en torno al 50% si se incluyen trastornos derivados del consumo de drogas". En este sentido, alerta también del "incremento" de las patologías duales, "una nueva enfermedad provocada por la cocaína y las drogas de síntesis". "La solución la estaba dando la propia Instituciones Penitenciarias con programas especiales dentro de prisión, pero la respuesta es que tiene que haber más presencia de psiquiatras en la cárceles", afirma el Defensor.
En el informe, se analiza además las características de cada uno de los centros penitenciarios que existen en la región, en los que ha habido "una modernización positiva" en los últimos 15 años, aunque "sigue habiendo carencias en Jaén y Almería, donde no existe ningún centro de inserción social, esencial para profundizar en programas de reinserción". Además, ha puesto de relieve que la población reclusa era de "9.155 personas en el año 98 hasta los 17.150 de finales de 2010", y que "se produce un cambio de tendencia, con una disminución del 2,82 por ciento, también en 2012".
Igualmente, se ha referido a las tres colaboraciones "más importantes" por parte de la Junta de Andalucía, y que se recogen en este informe. Así, y en el ámbito de la Educación, Chamizo afirma que en los 12 centros más importantes "funcionan los llamados centros de educación permanente que imparten los mismos programas educativos para personas adulta que Educación desarrolla en toda Andalucía", y aunque "en los primeros años fue difícil, porque hubo una disminución de plantilla en algunos centros y una congelación en otros", la firma del Convenio Sectorial de Educación en 2008 supuso un "avance".
Ha puesto de relieve el "esfuerzo" de la Consejería de Educación en los últimos cuatro cursos, con un aumento de maestros que "en 2005 era de 91, en 2008-2009 aumentó hasta 101, en el siguiente a 105 y los dos últimos años hasta 110", y califica de "positivo" en contacto con los claustros, que "están a favor del aumento" de maestros en los centros de educación penitenciaria "dada la dificultad del trabajo en prisión". Al respecto, afirma que todos los informes y encuestas destacan "la peculiaridad formación permanente en un medio como el penitenciario".
Así, insiste en la "necesidad" de que la consejera de Educación contemple el trabajo educativo "como de difícil desempeño, como ya vienen haciendo otras comunidades, porque mejoraría así la educación". Sobre la diferencias de los centros de educación en las cárceles, Chamizo señala que el horario se tiene que supeditar al estricto de la prisiones, las matrículas están abiertas durante todo el año debido a la movilidad del alumnado, y manifiesta que también "hay carencia" en la enseñanza que se imparte en las prisiones, "centradas en la numerosa presencia todavía de personas analfabetas en las cárceles".
En materia de salud, el Defensor ha aludido a la lentitud "exasperante" con la que se desarrolla la colaboración con sanidad en el sistema penitenciario. La integración de la sanidad penitenciaria en la sanidad pública "debería haberse culminado a finales de 2004, y en 2012 el proceso de integración sigue estancado". En cuanto a la atención primaria, los centros "se benefician de una mejora general de infraestructuras y equipamiento", mientras que sobre asistencia especializada "hay problemas que se mantienen en el tiempo", como el "desplazamiento de especialistas a los propios centros para pasar consulta".
"Hemos promovido e impulsado la constitución de una comisión de coordinación entre el Sistema Andaluza de Salud y el sistema penitenciario para abordar las principales carencias, de la que ya hemos asistido a las primera reuniones" y "se están haciendo avances".
Respecto a las consultas hospitalarias, Chamizo lamenta el "elevado" volumen de citas programadas que pierden, porque "el día señalado no aparece la fuerza pública que tiene que conducirlo a los hospitales", y "cada cita que se pierde es una vuelta a empezar". "El asunto llegó a adquirir dimensiones graves en Sevilla y Jaén, un problema que aborda este informe, y que incluso se llevó a plantearlo a la Fiscalía Superior de Andalucía, tratando de abordar el camino por la responsabilidad penal, y la cosa va mejorando".
Por último, y sobre las recomendaciones del informe, Chamizo señala que se recomendaba restablecer el Programa de Animación Deportiva de la Consejería de Cultura y Deporte, y "establecer el programa de educación deportiva procurando que llegue con similares contenidos a los que se venían desarrollando hasta 2010". Pero, los acontecimientos "se han precipitado en los último días", después de que el pasado 13 de noviembre el secretario general para el Deporte haya comunicado a la Defensoría "la imposibilidad de colaborar financieramente con el programa en 2013 debido a la carencia de disponibilidad presupuestario".
La diputada de IULV-CA Alba Doblas ha instado a "avanzar en la idea de resocializar". Asimismo, valora "el esfuerzo por lograr la igual en este campo de actuación, de las mujeres presas, un tema tabú durante muchos años", y ha pedido la opinión al Defensor sobre la interrupción del servicio de atención y orientación jurídica penitenciaria, a lo que Chamizo ha contestado que este sentido "hay un problema con casi tres o cuatro patas".
VE "IMPRESCINDIBLE" EL SERVICIO JURÍDICO EN LAS PRISIONES
"Una de ellas --continúa-- es que en Madrid haya un conflicto entre los ministerios de Interior y Hacienda, de cómo se resuelve económicamente la cuestión", y en esto "se ampara la Consejería de Justicia". Así las cosas, Chamizo dice que "es un servicio imprescindible", y que "espera que esto se desbloquee". Además, afima que en Andalucía "no hay ninguna excusa para decir que el conflicto está en Madrid, ya que se puede hacer un acuerdo bilateral entre la Consejería de Justicia y los colegios de abogados".
La diputada socialista María Nieves Masegosa ha dicho que "trasladará" a todas las administraciones la recomendaciones para que "eliminen el papel secundario de la mujer" en los centros penitenciarios. Ve "positivo" el dato que indica que en 2011 disminuyó la población reclusa, por el "descenso importante de la población inmigrante". En este sentido, Chamizo ha señalado que "cuando se dice inmigrante se corre el riesgo de relacionar población inmigrante y delincuencia, y ha recordado que "las bandas organizadas más potentes son europeas".
Por último, la parlamentaria del PP-A Rosalía Espinosa ha señalado que la reinserción social de los presos "nunca se va a lograr si en torno al 80 por ciento de población reclusa es drogodependiente y sin una intervención adecuada, probablemente reincidirá", una cuestión en la que la que coincide el Defensor, que afirma que "si no hay tratamiento por drogodependencia la reincidencia está cantada", y destaca que "se trata de programas no muy costosos", y que sin embargo "tienen mucha rentabilidad".
