27 de febrero de 2014

El Govern rechaza cargar con posibles indemnizaciones por el 'céntimo sanitario'

Mas-Colell espera que Montoro lidere la respuesta porque el Estado es "responsable principal"

El Govern rechaza cargar con posibles indemnizaciones por el 'céntimo sanitario'
EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía de la Generalitat catalana, Andreu Mas-Colell, ha advertido este jueves de que el Govern no está dispuesto a asumir las posibles indemnizaciones tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el 'céntimo sanitario'.

"No estamos en condiciones de sacar dinero a la sanidad para corregir errores de diseño que no hicimos nosotros", ha declarado a los periodistas en los pasillos del Parlament, ha recordado que fue el Gobierno central quien creó este gravamen en 2002, y ha confiado en que sea el Ministerio de Hacienda el que lidere la reacción a la sentencia.

El TJUE ha dictaminado este jueves que el 'céntimo sanitario' --el impuesto sobre los carburantes que aplican algunas comunidades autónomas para financiar la sanidad-- vulnera la legislación comunitaria, lo que significa que España podría tener que devolver 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011.

Preguntado sobre si el Ejecutivo catalán está dispuesto a cargar con el coste de las indemnizaciones, ha señalado que "la respuesta es 'no", aunque ha precisado que todavía se desconoce el coste derivado de la sentencia y es necesario esperar.

Aun así, "sean para quien sean", estas indemnizaciones deben poder abonarse de forma plurianual, porque un contencioso retroactivo sobre una medida de hace más de diez años no se puede resolver en menos de tres años.

CPFF

"Habrá que aceptar lo que dice Europa. Veremos que iniciativas toma el Gobierno central, que es quien lo diseñó", ha continuado el conseller, que confía en que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que lidera Cristóbal Montoro, reaccionará ante esta decisión.

Mas-Colell vaticina que el Ministerio debatirá con las autonomías durante un Consejo de Política Fiscal y Financiera las consecuencias de esta sentencia, y ha advertido de que no puede ser de que estos efectos acaben perjudicando los servicios públicos de las comunidades.