MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La Alianza de Plataformas de ONG del VIH ha remitido este viernes una carta a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, mostrándole su preocupación por las declaraciones que ha realizado asegurando que serán estas organizaciones las encargadas de proveer asistencia médica a los inmigrantes 'sin papales' con VIH y cáncer.
A su juicio, esta propuesta supondría la creación de un sistema sanitario "paralelo" y transmite la sensación de "improvisación" en la política sanitaria que pretende desarrollar el Gobierno y que, además, "no es en ningún momento de ahorro".
"La creación de un sistema paralelo de atención generará economías de escala, es decir, el coste medio de atención por persona usuaria subirá en el sistema público porque los costes fijos se repartirán entre menos usuarios, al tiempo que se incurrirá en nuevo gasto fijo para montar y mantener este sistema paralelo", recalca la Alianza de Plataformas de ONG del VIH.
Asimismo, ha asegurado que esta propuesta genera también "dudas" sobre las posibilidades de su implantación puesto que cuenta con las ONG como "pilar básico" para la atención sanitaria de la población no regularizada cuando, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no hay ninguna partida destinada a las ONG con VIH y sida.
Dicho esto, se ha preguntado de qué manera se va a regular el acceso al tratamiento, a las pruebas, la expedición de recetas, la medicación hospitalaria, ni si se va a legislar de manera excepcional para dar respuesta a estas situaciones.
Por todo ello, demandan al Gobierno "voluntad política", que "cese" de tomar decisiones unilaterales y convoque de manera inmediata a la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de programas de prevención del sida como órgano legitimado para tomar decisiones sobre el modelo y las estrategias para la respuesta frente al VIH en el Estado Español.
Por último, le solicitan que "garantice" el respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la ciudadanía y, por tanto, "sin exclusión" de las personas inmigrantes no regularizadas, no solo por motivos solidarios y de justicia social sino también de salud pública, especialmente evidente en el caso de la infección por VIH.
