Afectados gallegos de la Hepatitis C en el Congreso
EN MAREA
Actualizado: miércoles, 18 enero 2017 17:30

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de afectados gallegos por la Hepatitis C consideran "inadmisible" que los dos cargos del Servicio Galego de Saúde (SERGAS) llamados a declarar por la Audiencia Provincial de A Coruña como investigados por homicidio imprudente, al retrasar la administración de fármacos a enfermos de esta dolencia "por razones presupuestarias", mantengan un puesto de "confianza política" y critican que el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo "siga defendiéndolos frente al dolor de las víctimas".

Para el presidente de la asociación, Quique Costas, la actitud de Feijóo ante estos "delitos graves", que han causado "enorme dolor" a los afectados, es la de "un psicópata" que no "siente empatía ni sensibilidad por las víctimas".

La investigación, que comenzó hace cerca de un año, trata de aclarar si hubo un retraso ilícito en la evaluación de pacientes con Hepatitis C, necesaria para que pudieran recibir los tratamientos. Los cargos citados son el gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entonces director de Asistencia Sanitaria, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado.

Para Costas, la situación que se vive en Galicia sobre este tema es paralela a la que han llevado las víctimas del accidente ferroviario del Alvia y que, a su juicio demuestra la "forma de ejercer política" en dicha autonomía. Así, además de, a su juicio, ser víctimas del dirigente gallego también les ha "tocado en suerte" el mismo juez instructor y ha señalado que, en ambos casos, los procesos se están llevando a cabo con "desesperante lentitud".

En este sentido, ha señalado que esta misma semana la asociación promoverá nuevas acciones para intentar acelerar el proceso judicial que, según ha apuntado, no ha producido diligencias en un año de instrucción. Aún así, ha destacado como "buena noticia" la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña porque determina que es "verosímil" jurídicamente que "los recortes puedan producir muertes", tal y como defendía la plataforma.

SIN CONTACTO CON EL PP

Costas ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa, junto a la diputada de En Marea Ángela Rodríguez, en el Congreso de los Diputados, en donde se han reunido con todas las formaciones políticas representadas en la Cámara Baja, con excepción del PP con quienes "no mantienen relaciones".

Esto se debe a un episodio ocurrido en el Parlamento de Galicia, durante la presentación, por parte de la totalidad de la oposición, de una proposición no de ley relacionada con la Hepatitis C y que acabó con la expulsión de la sala de los miembros de la plataforma que habían sido invitados.

Costas se ha mostrado muy "satisfecho" por la acogida de los partidos y espera que sus reivindicaciones sean expuestas el próximo martes, 24 de enero, en la Comisión de Sanidad del Congreso, cuya sesión será monográfica sobre esta dolencia y en la que participará la representación estatal de esta plataforma.

PROPUESTAS PARA TRATAR EN EL CONGRESO

Entre los principales puntos que ha puesto sobre la mesa para los partidos, el presidente de la asociación de afectados gallegos ha destacado la necesidad de reformular el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, puesto en marcha en marzo de 2015, y que, según ha denunciado, está inactivo.

"Lo único a lo que se comprometió el Gobierno es a crear una web, que no existe", ha denunciado, para añadir que tampoco se hicieron labores de prevención, ni existe transparencia de datos.

Del mismo modo, ha trasladado la situación de los afectados por hepatitis C en las cárceles que, actualmente, tienen que pedir traslado a Madrid durante meses para poder ser tratados. Además, ha denunciado que es el servicio público de salud el que diagnostica, mientras que la sanidad penitenciaria es quien obtiene y da tratamiento al paciente, por lo que no se puede hacer seguimiento de el estado del enfermo.

"La conclusión, es que hay una necesidad de transferencia urgente de la sanidad penitenciaria a los gobiernos autonómicos", ha defendido Costas, para quien "no tiene sentido" esta situación para los afectados.

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