MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) considera imprescindible que el poder Ejecutivo y el Legislativo promuevan una iniciativa legislativa que "tipifique como delictivas aquellas conductas que obstaculicen, impidan, restrinjan, limiten o entorpezcan el acceso de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos previstos en la L.O. 2/2010, adoptando los cambios normativos necesarios a tal fin".
Además, espera que asuman una "realidad injusta" como es el "acoso" a mujeres y profesionales en los centros de IVE, una realidad que, explican, ha quedado patente en un reciente trabajo que estudia la "situación de hostigamiento que sufren mujeres y profesionales en estos centros sanitarios".
El estudio muestran que hasta un 73% se sintió muy molesta por la intromisión en su espacio íntimo y personal; un 1% consideró que le había sido de utilidad, mientras que un 10% se mostró indiferente. Además, un 89% (267) declararon haber experimentado alguna forma de acoso, sintiéndose 200 de ellas amenazadas.
Asimismo, el 100% de las mujeres encuestadas mantuvieron su decisión de interrumpir su gestación, tras el "asesoramiento" de estos grupos; el 95% de las mujeres encuestadas piensan que estas acciones deberían estar prohibidas y un 90% creen que deberían recibir protección frente a estos grupos.
Las mujeres acosadas afirman que sufrieron insultos, apreciaciones contrarias a sus valores éticos y morales, intimidaciones mediante creencias, e incluso algunas fueron agarradas y zarandeadas al intentar acceder al centro sanitario.
La asociación ha recogido durante un año la opinión de 300 mujeres que se han visto afectadas por las acciones antielección cuando trataban de acceder a los centros de IVE para interrumpir su embarazo. Si bien estos grupos van rotando por diferentes puntos de la geografía española, se han centrado en siete de las clínicas de ACAI situadas en Málaga, Madrid, Albacete, Algeciras y Córdoba.
OTRAS MEDIDAS
Mientras se lleva a cabo la regulación legislativa piden que se atienda y entiendan las necesidades de especial protección de las clínicas de IVE como un grave problema de orden público; se den instrucciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que atiendan las llamadas de auxilio de las clínicas, con
independencia de que las reuniones en las puertas de las mismas no sobrepasen el número de veinte personas; y se cumpla la normativa municipal sobre utilización de espacios públicos y se sancione el incumplimiento de dicha normativa.
Por otro lado, que hagan acto de presencia los agentes policiales cuando sean requeridos por las clínicas, identificando a los/las integrantes de los grupos antielección y mantengan su presencia en las inmediaciones. La sola presencia de los agentes policiales, ayudará a la disolución de la reunión y, desde luego, impedirá el ejercicio de actos coactivos e intimidatorios para las pacientes.
Y, finalmente, se investiguen, cuando sean denunciados por las víctimas, con rapidez y eficacia, los delitos de daños, agresiones, coacciones, etc, de manera que puedan ponerse a disposición judicial a los presuntos culpables en el menor tiempo posible, así como las pruebas necesarias para su enjuiciamiento.
