MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, reconoció hoy que los servicios jurídicos que dirige han advertido un aumento de litigiosidad contra la Administración central por parte de ciudadanos que sufren las consecuencias de su adición al tabaco, y que reclaman una indemnización al Estado basándose en el sistema impositivo que pesa sobre este producto.
De Fuentes Bardají destacó este tipo de pleitos entre los representativos en los que trabajan los 334 letrados adscritos a los servicios jurídicos del Estado, un departamento al que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo se refirió como "un bufete jurídico de lujo que trabaja por los intereses de todos". Ambos presentaron hoy la Memoria de este servicio relativa a 2006.
El abogado general del Estado señaló hoy que desde su punto de vista, este tipo de indemnizaciones reclamadas por fumadores no son asumibles por las Administraciones públicas, y que de momento, en espera de que se asiente jurisprudencia sobre este asunto, ningún tribunal ha condenado al Estado.
"Otra cosa es la asistencia sanitaria que se presta a los ciudadanos con independencia de su dolencia", según De Fuentes Bardají, que señaló que la carga que la Administración debe soportar es la del coste sanitario de personas que sufren problemas derivados del consumo de tabaco, pero no el pago de indemnizaciones por el perjuicio que sufren los consumidores por haber fumado.
PRESTIGE.
Otro de los procedimientos destacados por el abogado general del Estado fue el proceso civil seguido en Nueva York contra la empresa ABS (una especie de ITV para buques) en reclamación de 2.000 millones de dólares por el siniestro del buque Prestige.
A juicio de De Fuentes Bardají, España tiene derecho a reclamar porque los controles que realizó esta empresa sobre el buque y la certificación que le fue otorgada posteriormente no eran correctos.
También lamentó que aún no haya concluido el sumario del procedimiento penal abierto en Corcubión (A Coruña) a consecuencia del vertido, que comenzó hace cuatro años, aunque entiende que este asunto es un "monstruo" que recayó en un juzgado que "no estaba diseñado" para ello, a lo que se sumó que varios cambios en el juez encargado, que han hecho que el asunto 2acabe empantanado".
