MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
Salud por Derecho ha lanzado la 'Campaña Nadie', con el apoyo de organizaciones de todo el mundo, especialmente de América Latina y el Caribe, en la que pide a los gobiernos de estas regiones que no desaparezcan de la lucha contra el VIH.
Y es que, pese al compromiso firmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de poner fin a la pandemia de VIH para 2030 y no dejar a nadie atrás, la organización ha lamentado que gobiernos de todo el mundo estén "olvidando" a millones de personas con sus legislaciones "discriminatorias", sus políticas domésticas de salud o con sus programas de cooperación internacional.
De hecho, ha alertado de la disminución o la retirada de la ayuda internacional de los países de renta media, donde vive más del 60 por ciento de las personas con VIH, y de la falta de voluntad política de muchos gobiernos para proteger los derechos humanos de los más afectados por la pandemia.
"Con la financiación global al nivel más bajo desde 2010, los países donantes y organismos internacionales de cooperación y financiación centran sus prioridades en los países de rentas más bajas, bajo la premisa de que los países de rentas medias pueden asumir la lucha contra el sida con sus propios recursos", ha argumentado la organización.
Estas decisiones, prosigue, basadas en criterios "puramente económicos", no tienen cuenta factores determinantes como la capacidad técnica o la voluntad política de los gobiernos para aplicar recursos y políticas adecuadas en la respuesta al sida, ni la situación política y legislativa de las poblaciones más vulnerables.
Esta problemática afecta ya a regiones con mayoría de países de renta media como Europa del Este y Asia Central (donde las nuevas infecciones aumentaron un 60 por ciento entre 2010 y 2015, coincidiendo con la retirada de fondos internacionales) y amenaza ahora a América Latina y el Caribe, la cuarta zona del mundo más afectada por el virus con más de dos millones de personas viviendo con VIH.
De hecho, las nuevas infecciones entre adultos, tras un descenso del 20 por ciento en la década anterior, crecieron un tres por ciento en América Latina y un nueve por ciento en la zona del Caribe entre 2010 y 2015. Solo en Panamá, las nuevas infecciones por VIH han aumentado en un 20 por ciento y las muertes relacionadas con el sida un nueve por ciento desde 2010.
Las poblaciones más afectadas por el VIH en América Latina y el Caribe son los hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas transgénero, las trabajadoras del sexo, los usuarios de drogas inyectables, la población reclusa o los pueblos originarios, que a nivel global tienen un riesgo entre 10 y 50 veces mayor de adquirir el VIH que el resto de los adultos.
"GRAVE VIOLACIÓN" DE LOS DERECHOS HUMANOS
En la región, durante 2014, estas poblaciones clave y sus parejas sexuales representaron más dos tercios de las nuevas infecciones por el virus. "Estos grupos sufren en muchos países una grave violación de sus derechos humanos. El estigma, la discriminación y la falta o el no cumplimiento de legislación que proteja sus derechos, provocan una vulnerabilidad añadida que dificulta su acceso a los programas de prevención y tratamiento", ha explicado Salud por Derecho.
En América Latina, aunque estas poblaciones cuentan con la mayor carga de la enfermedad, tan solo acaparan el dos por ciento de la inversión gubernamental en prevención. De este modo, la mayoría de los programas de prevención y apoyo dependen de la ayuda internacional que ahora comienza a desaparecer.
"El fin de estos recursos y la falta de compromiso de los gobiernos para cubrir las brechas, ponen en peligro las actividades y la supervivencia de muchas organizaciones sociales sobre las que también recae el trabajo legislativo para defender los derechos humanos de estas poblaciones", ha destacado.
Por eso, ha solicitado a los gobiernos de América Latina y el Caribe un incremento en los presupuestos de salud y lucha contra el sida, especialmente los orientados a las poblaciones clave; un compromiso para darle continuidad a los servicios que estaban siendo financiados por la ayuda internacional; un apoyo mayor a las organizaciones sociales para que puedan seguir desarrollando su trabajo de prevención y atención a las poblaciones más vulnerables; y una legislación que proteja los derechos humanos de su ciudadanía, eliminando el estigma y la criminalización, y garantizando a todas las personas el acceso a la salud y a los medicamentos.
Por otro lado, ha instado a los países donantes y organismos internacionales, como el fondo mundial, que apoyen a la sociedad civil como eje fundamental de la respuesta y que los procesos de salida de los países vayan acompañados de transiciones responsables, asegurando que los gobiernos asumirán su responsabilidad y cumplirán con los derechos humanos de toda su población, especialmente los de las poblaciones más vulnerables viviendo con VIH.
