Los socialistas navarros quieren que el Gobierno de UPN-CDN facilite el aborto en la Comunidad foral

Actualizado: viernes, 24 agosto 2007 12:04


PAMPLONA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas navarros van a llevar al Parlamento de Navarra una moción para instar al Gobierno de UPN-CDN a que las mujeres de esta Comunidad foral puedan ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de los supuestos contemplados en la ley, en centros sanitarios pertenecientes al Sistema Navarro de Salud, según publica hoy El País.

El Partido Socialista de Navarra espera contar con el apoyo de Nafarroa Bai e IUN. De hecho, el acuerdo que estuvieron a punto de firmar para conformar un gobierno alternativo ya contemplaba la introducción de esta medida, según informaron en su día a Europa Press fuentes de la negociación. Suman 26 parlamentarios frente a los 24 de UPN y CDN que sostienen el gobierna en minoría.

Ningún centro sanitario público o privado efectúa interrupciones voluntarias del embarazo en Navarra, pese a que el aborto está permitido en España desde 1985. La actual consejera de Salud, María Kutz, que repite en el cargo, argumentó la pasada legislatura que los ginecólogos del sistema sanitario navarro se acogen a la objeción de conciencia para no practicar abortos, aunque un grupo de ellos manifestó públicamente su disposición.

Según la información de El País, el derecho español sólo reconoce la objeción de conciencia al desaparecido servicio militar. Navarra es la única comunidad autónoma en donde no se puede ejercitar este derecho. Las mujeres que lo intentan tienen que desplazarse a clínicas privadas de Euskadi, Aragón o Madrid, 639 en 2005 según datos del Ministerio de Sanidad. Roberto Jiménez, portavoz socialista, defendió que "los derechos están para ejercitarse y las leyes para cumplirse; gusten o no gusten".

La normalización del aborto en Navarra es la cuarta demanda que los socialistas lanza a Sanz desde que facilitaron su investidura; no utilizar el terrorismo como materia de oposición contra el Gobierno central, negociar la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Dependencia; y 12 iniciativas "urgentes" de carácter social.