Los enfermeros critican la "privatización encubierta" que plantean farmacéuticos para el control de enfermos crónicos

Farmacia
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Actualizado: lunes, 19 marzo 2018 14:19

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería critica la "privatización encubierta" que a su juicio plantean algunos farmacéuticos comunitarios con el objetivo de asumir el seguimiento y control asistencial de enfermos crónicos y "facturar por todos estos servicios a las arcas públicas, a las mutualidades o al propio paciente".

Representantes de esta organización colegial se han reunido en Toledo bajo el lema 'Juntos, construyendo el futuro' para analizar las amenazas y retos a los que se enfrenta la profesión en España, preocupados por las iniciativas que han impulsado algunas comunidades autónomas para "poner en manos" de las farmacias el seguimiento de crónicos, las visitas domiciliarias y otro tipo de actuaciones propias de la Enfermería y Medicina Familiar y Comunitaria.

"Respetamos el importante rol de los farmacéuticos en el marco de la atención al ciudadano, pero esta profesión hermana debe ser consciente de sus límites a la hora de ejercer", ha defendido el presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya.

En ese sentido, ve "legítimo" que los farmacéuticos tengan nuevas aspiraciones profesionales pero piden a las comunidades que eso no implique "arriesgar la salud de las personas, menoscabar la legislación vigente o frivolizar acerca de unas supuestas nuevas funciones que son competencia exclusiva y excluyente de las enfermeras y los médicos".

Desde el punto de vista jurídico, José Ignacio Juárez Chicote, experto en Derecho Público, ha cuestionado incluso la viabilidad de las normativas que están aprobando algunas autonomías, puesto que, "además de que implica una invasión de ámbitos competenciales propios y exclusivos de la profesión enfermera, cualquier modificación regulatoria del modelo farmacéutico en su dimensión sustantiva sólo puede ser acometido por el Estado, titular de competencias exclusivas, así que estas leyes autonómicas podrían ser inconstitucionales".