MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
Siete de cada diez directivos de gestión consideran que la nueva Ley de Contratación del Sector Público, que entró en vigor en marzo de este año, "no responde de forma satisfactoria" a las necesidades específicas del sector, y más del 90 por ciento ve "necesario" que se adopten medidas para una mayor profesionalización en la materia", de acuerdo con un sondeo realizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), con la colaboración del Laboratorio de la Contratación.
De acuerdo con los resultados del cuestionario, que ha sido respondido por un total de 44 directivos de gestión económica de toda España, la nueva Ley "no ha conseguido simplificar los procesos de contratación pública". Además, creen que el sistema "no se encuentra preparado para la asunción práctica de la contratación electrónica". También estiman que la lotificación que caracteriza a la Ley "no permitirá una mayor concurrencia de las PYMES", y que la apuesta por el procedimiento abierto simplificado "no será lo suficientemente ágil en el sector sanitario".
Los resultados del sondeo se han presentado durante la Mesa Responsabilidad Directiva y Nueva Contratación Pública, celebrada en el II Foro Sanitario de Directivos de Gestión Económica y Servicios, que se está celebrando en Segovia y en el que están participando cerca de un centenar de directivos con el mencionado perfil.
La mesa, que ha sido moderada por Pedro Izquierdo, director de Gestión del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y Emilio Camino, director de Recursos Económicos de la Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña, se ha centrado en analizar las principales novedades de la Ley y la responsabilidad ética y jurídica de este directivo en su aplicación.
"NO SIMPLIFICA LOS PROCESOS"
"La nueva Ley 9/2017 ha conseguido agilizar los trámites administrativos respecto del licitador, a quien se le facilita mediante la simple Declaración Responsable su concurrencia, siendo preceptivo acreditar la condición administrativa, únicamente, si finalmente es adjudicatario", ha señalado Pedro Izquierdo.
Sin embargo, este experto puntualiza que, a efecto de los clásicos servicios de contratación, "las exigencias legales no han conseguido simplificar los procesos de contratación pública, sino que les ha supuesto un incremento de trámites administrativos y una mayor tecnificación y elaboración técnico-científica de los mismos; un incremento de la toma de decisiones colegiada, que siempre requiere mayor esfuerzo colaborativo a través de la designación de comités técnicos; un incremento de actividad colegiada para la valoración de las ofertas, y envío de información contractual a la oficina de Supervisión de la Contratación Pública para su posterior remisión de datos de contratación a la Unión Europea".
Todo ello, que "conlleva el alargamiento de trámites", supone, según Pedro Izquierdo, "una demora en el cumplimiento de los objetivos que se tratan de conseguir en la provisión de bienes y servicios".
Respecto al día a día del trabajo del directivo de gestión, Emilio Camino ha destacado que, por una parte, es una ley "muy ambiciosa, hiperreguladora y compleja". "Su mayor exigencia en muchos aspectos posiblemente implicará plazos de tramitación más largos, mientras que, por otra parte, abre o facilita explorar caminos nuevos para la innovación", ha remarcado.
Como positivo, los resultados del sondeo destacan que la nueva Ley posibilita la compra estratégica de medicamentos y tecnología sanitaria (casi el 70 por ciento de los participantes lo considera), el 85 por ciento valora de forma positiva que la Ley se enfoque hacia la compra de medicamentos en términos de rendimiento y no de precio, y casi el 50 por ciento considera acertado el procedimiento de asociación para la innovación para una contratación pública más eficiente.
En cuanto a la contratación electrónica, el sondeo estima que nueve de cada 10 directivos de gestión económica creen que el sistema no se encuentra preparado para la asunción práctica de la contratación electrónica, a pesar de que ésta "realmente se configura como el eje vertebrador de la transparencia, en los términos de la nueva Ley y, en este aspecto, es mayoritaria la posición directiva en el entendimiento de que nuevamente España va tarde", incide Pedro Izquierdo.
En definitiva, en palabras de Emilio Camino, los directivos de gestión económica afirman que "aún queda mucho camino por andar y falta que el espíritu de la Ley y sus ambiciosos objetivos se integren en las líneas estratégicas de trabajo de los servicios de salud y de los centros sanitarios".
Asimismo, este experto ha apuntado como mayores retos para la adaptación de esta Ley al sector sanitario "conciliar la planificación exigida por la Ley con la planificación presupuestaria y asistencial y conciliar las exigencias normativas con la realidad asistencial en al menos tres variables, como exigencias de los clínicos, empuje constante de los avances tecnológicos, demanda variable y poco previsible en muchas ocasiones".
